Somos empleados del Gobierno Brasileño, conocidos como Contratados Locales (CLs). Desde hace más de seis décadas, hemos enfrentado un escenario de ambigüedad jurídica, en el que nuestros derechos laborales no están definidos con claridad ni equidad, sino a través de un entramado fragmentado de leyes obsoletas, normativas incumplidas e interpretaciones contradictorias de normas internacionales y constitucionales.
Esta prolongada incoherencia no refleja un Estado justo, sino una falla en reconocer la humanidad y las contribuciones de quienes sirven a la nación más allá de sus fronteras.
Es hora de exponer las imposiciones jurídicas unilaterales e injustas que nos han sido atribuidas convenientemente, a nosotros, los Contratados Locales (CLs) de Brasil. Se trata de una injusticia sistémica y silenciosa que afecta a miles de profesionales comprometidos y a sus familias en todo el mundo. Estas prácticas desafían los principios de justicia, dignidad e igualdad que toda nación comprometida con los derechos humanos debe defender.
Línea de tiempo
Este análisis y panorama de la línea temporal sobre la legislación laboral relacionada con los Empleados Contratados Locales (CL) ha sido elaborado por colegas CL con formación profesional en Derecho, aunando tanto el conocimiento académico como sus experiencias vividas.
Primeros Registros: Precariedad y Falta de Protección (1961 – 1986)
La historia comienza con la Ley nº 3.917 (1961), que permitía a las embajadas y consulados de Brasil contratar auxiliares locales en el exterior bajo un régimen precario, lo que significaba que podían ser despedidos en cualquier momento y sin justificación. No existían derechos previsionales oficiales ni beneficios de seguridad social, solo contribuciones a un Fondo de Asistencia Social (FAS) básico, destinado a cubrir eventuales indemnizaciones o reembolsos. No había una norma clara sobre si estos trabajadores tenían algún derecho laboral o previsional bajo la legislación brasileña o la del país de residencia.
Cambios jurídicos: De la ley brasileña a la ley local (1986 – 1993)
En 1986, la Ley nº 7.501 introdujo el concepto de Contratado Local – (CL) y estableció que estos trabajadores estarían regidos por la legislación brasileña, pero solo “cuando procediera” y con flexibilidad según las condiciones locales. En 1990, la Ley nº 8.028 eliminó la palabra “brasileña”, haciendo que la base legal fuera aún más ambigua.
Las leyes locales pasan a prevalecer (Después de 1993)
Un cambio importante se produjo con la Ley nº 8.745 (1993). Esta estableció que los CLs pasarían a regirse por las leyes laborales y previsionales del país en el que fueran contratados, excepto en los casos en que la legislación local impidiera a los trabajadores brasileños ingresar en el sistema local. En tales casos, los empleados serían inscritos por el empleador en el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) de Brasil. Los trabajadores ya contratados en ese momento tuvieron un plazo de 90 días para optar por mantenerse en sus arreglos anteriores (aún vagos) o no.
Regulación y algo de claridad (1995 – 2003)
El Decreto nº 1.570 (1995) determinó formalmente que los CLs debían regirse por las leyes laborales y previsionales del país en el que estuvieran contratados. La norma establecía que solo los empleados legalmente impedidos de ingresar en el sistema previsional local debían ser inscritos en el INSS. También afirmaba que los CLs contratados después de 1995 solo se beneficiarían de los derechos previstos en la legislación local.
Posteriormente, normas del INSS (publicadas en 2002 y actualizadas en 2003) aclararon que los CLs brasileños deben estar asegurados en Brasil en caso de que no puedan legalmente integrarse al sistema del país anfitrión. Esto parecía cerrar la cuestión: los empleados brasileños deben estar cubiertos, o bien por el sistema local o bien por el sistema previsional brasileño.
Problemas no resueltos e inconsistencias jurídicas (2006)
En 2006, la Ley nº 11.440 creó nuevas normas para los CLs, pero nunca fue reglamentada. Por ello, dichas normas nunca se aplicaron en la práctica. En su lugar, Brasil continuó utilizando el antiguo Decreto nº 1.570 de 1995 (es decir, que determinaba que los CLs debían regirse por las leyes laborales y previsionales del país en el que estuvieran contratados), incluso después de la derogación de la ley que originalmente le daba sustento (Ley nº 7.501 de 1986).
Como resultado, algunos trabajadores brasileños inscritos en el INSS no reciben los beneficios laborales y previsionales a los que tendrían derecho, tales como: jubilación, subsidio por enfermedad, baja por maternidad, pensión por fallecimiento, subsidio por accidente y seguro de desempleo.
Prácticas internacionales vs. Realidad brasileña
En la mayoría de los países democráticos, los gobiernos protegen a sus ciudadanos en el exterior, garantizando al menos derechos básicos, incluso bajo jurisdicciones extranjeras.
El Estado brasileño, sin embargo, ha fallado en asegurar la debida protección jurídica a sus propios trabajadores Contratados Locales (CLs) en el extranjero, al no garantizar, como mínimo, la aplicación de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), que constituye el principal marco normativo de las relaciones laborales en Brasil y asegura derechos fundamentales a los trabajadores.
En lugar de ello, opta por imponer, de forma automática e indiscriminada, la aplicación exclusiva de las legislaciones laborales locales de los países de destino, incluso en los casos en que estas ofrecen garantías significativamente inferiores a las previstas por la legislación brasileña. Esta decisión representa una renuncia a la protección adecuada de sus servidores y contradice los principios constitucionales de dignidad, igualdad y valoración del trabajo.
El gobierno brasileño, convenientemente, alega estar “respetando la soberanía del país anfitrión”, pero al hacerlo debilita la propia Constitución y la legislación laboral brasileña, perjudicando tanto los derechos de sus ciudadanos como la credibilidad diplomática internacional del país.
Territorialidad y Conflicto de Leyes
El derecho internacional generalmente sigue el principio de territorialidad, según el cual las leyes laborales deben corresponder al país donde se realiza el trabajo. Brasil respalda este principio tanto en su jurisprudencia, publicada por el Tribunal Superior del Trabajo (TST, Súmula 207), como en tratados internacionales, como el Código de Bustamante.
Aunque las embajadas y consulados suelen ser tratados como extensiones del territorio brasileño para asuntos de interés estatal, este principio se aplica de forma inconsistente cuando se trata de los derechos laborales. En la práctica, este reconocimiento se invoca de manera selectiva, muchas veces en perjuicio de los Contratados Locales (CLs). Esta incoherencia compromete la coherencia jurídica y la justicia.
Un número creciente de especialistas jurídicos defiende que, especialmente cuando los CLs son ciudadanos brasileños, las protecciones laborales previstas en la legislación brasileña deben extenderse a las representaciones diplomáticas en el exterior. Estos profesionales, que sirven al Estado brasileño fuera de sus fronteras, no pueden quedar en un vacío legal, donde sus derechos no son reconocidos por la legislación local ni plenamente garantizados por las leyes de su propio país.
Las Protecciones Constitucionales Brasileñas
La Constitución de 1988 garantiza derechos fundamentales a todos los trabajadores, incluyendo:
- Protección contra el despido sin causa justificada.
- Seguridad social.
- Salario justo, decimotercer sueldo y vacaciones remuneradas.
- Derechos de maternidad y paternidad.
- Derecho a la huelga y a la sindicalización.
Estos derechos no pueden ser negados, incluso a los brasileños que trabajan en el exterior, especialmente a quienes desempeñan funciones en representaciones diplomáticas de Brasil.
Es importante reconocer que, aunque la Constitución Federal de 1988 representa una de las mayores expresiones del compromiso democrático de Brasil, consagrando valores como la seguridad jurídica, la igualdad y la dignidad en el servicio público, también conlleva implicaciones directas y duraderas para los individuos que han servido y siguen sirviendo al Estado.
Entre sus disposiciones figura el derecho de toda persona que, en el momento de su promulgación, ya hubiese prestado servicios de forma ininterrumpida al Estado brasileño, en los ámbitos municipal, estatal o federal, durante cinco años o más, a ser formalmente reconocida como funcionario(a) público(a). Esta garantía clara y autoaplicable fue creada para honrar los servicios prestados durante largo tiempo. Sin embargo, casi cuatro décadas después, muchos de los que cumplen con estos requisitos aún no han sido reconocidos por la legislación.
Esta sigue siendo la realidad de algunos de nosotros, empleados Contratados Locales (CLs) que trabajamos en misiones diplomáticas de Brasil en el exterior. Independientemente de si iniciamos nuestra trayectoria antes o después de la promulgación de la Constitución, hemos dedicado años —y, en muchos casos, vidas enteras— a un trabajo leal e ininterrumpido en nombre del Estado brasileño. Y a pesar de nuestras contribuciones constantes, muchos de nosotros seguimos enfrentando incertidumbres legales y administrativas respecto al reconocimiento de nuestros derechos constitucionales. Algunos colegas, lamentablemente, fallecieron antes de que sus reclamaciones fueran plenamente atendidas.
Esta situación exige una nueva atención institucional y una claridad moral. Cumplir la Constitución no es solo un deber jurídico: es un acto de justicia y de gratitud hacia quienes han servido, y siguen sirviendo, a Brasil con dedicación e integridad.
Interpretación Jurídica y Buenas Prácticas
Los expertos jurídicos coinciden:
- Si ninguna ley establece claramente un régimen diferente, el estándar debe ser la legislación laboral nacional de Brasil, es decir, la regulación a través de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT).
- Incluso los trabajadores temporales deben recibir las protecciones constitucionales.
- Cualquier régimen, o elección conveniente, que otorgue menos derechos que los previstos en la Constitución brasileña debe considerarse inválido.
Conclusión
El tratamiento jurídico que Brasil dispensa a nosotros, sus empleados contratados localmente (FCL), en el extranjero ha sido sistemáticamente inconsistente, desactualizado y constitucionalmente fallido. A pesar de las “reformas”, muchos de nosotros permanecemos sin protección integral, presos entre las leyes locales y las obligaciones brasileñas.
El camino a seguir es evidente e imperativo: la República Federativa de Brasil debe modernizar el marco regulatorio que rige a sus empleados contratados localmente (FCL), idealmente por medio de la emisión de un Decreto Presidencial.
Este proceso debe ser conducido en estrecha y estructurada consulta con representantes de los FCL, cuya vasta experiencia, acumulada a lo largo de más de seis décadas de servicio en misiones diplomáticas brasileñas en el extranjero, proporciona conocimiento institucional y experiencia práctica indispensables. Nuestra visión no es solo relevante, sino esencial para la formulación de una solución sostenible y justa para un problema antiguo que impacta directamente la eficiencia, la credibilidad y la equidad de la presencia global de Brasil.
Al hacer esto, Brasil no solo honrará los principios fundamentales consagrados en su propia Constitución, sino que también reafirmará su compromiso con prácticas laborales justas, transparentes y protectoras para todos los profesionales que actúan al servicio de la nación más allá de sus fronteras.
¿Por qué debe terminar el limbo jurídico?
El Gobierno Brasileño frecuentemente alega que aplicar las leyes laborales locales a los funcionarios Contratados Locales (CLs) es más sencillo y económicamente ventajoso. Además, se ampara en el argumento ampliamente cuestionado de “respetar la soberanía del país anfitrión”, una justificación que muchos ya consideran una forma conveniente de eludir la responsabilidad de ofrecer una protección clara y coherente.
En la práctica, este enfoque ha generado problemas graves y persistentes, especialmente en países con sistemas jurídicos basados en el common law, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá (excepto Quebec), Australia, Nueva Zelanda e India (excepto Goa), donde los marcos legales a menudo son inadecuados para abordar las circunstancias únicas del empleo en misiones diplomáticas.
En esos países, los derechos laborales no siempre están establecidos en leyes escritas. Frecuentemente derivan de decisiones judiciales anteriores y de cómo los jueces interpretan casos similares con el tiempo. Para nosotros, los funcionarios Contratados Locales (CLs), esto hace especialmente difícil reclamar nuestros derechos. La defensa de nuestros derechos suele requerir acudir a la justicia, un proceso complejo, lento y costoso.
En estos sistemas jurídicos, no basta con señalar una ley escrita. Muchos de nosotros necesitamos demostrar que una determinada práctica se ha aplicado de forma continua a lo largo del tiempo y que es ampliamente aceptada como justa y normal: lo que se conoce como “costumbre”. Para ello, es necesario convencer a un juez y presentar pruebas sólidas. Este proceso puede ser estresante y desafiante, especialmente sin asistencia legal.
Para agravar aún más la situación, es común que las embajadas y consulados de Brasil se nieguen a cooperar con los sindicatos locales que podrían apoyar a los Contratados Locales (CLs). No reconocen formalmente a estos sindicatos, lo que impide la negociación colectiva o cualquier tipo de asistencia organizada para abordar cuestiones laborales. Se nos deja afrontar los problemas solos, sin apoyo legal, sin sindicato y sin el respaldo del propio gobierno brasileño, nuestro empleador.
Esta situación genera un grave desequilibrio. Por un lado, están los diplomáticos y funcionarios públicos brasileños (reconocidos como tales porque fueron contratados en Brasil y asignados al exterior en régimen de rotación), con plena protección legal y respaldo garantizado del gobierno. Por otro lado, estamos nosotros, los funcionarios Contratados Locales (CLs), que trabajamos para el mismo gobierno, bajo el mismo techo, con la misma misión de representar a Brasil en el exterior, pero enfrentamos los desafíos solos. Sin un estatus jurídico definido y sin garantías colectivas, vivimos bajo un riesgo constante de trato desigual, inseguridad laboral y condiciones laborales injustas.
Permanecemos en un limbo jurídico: una situación prolongada en la que nuestros derechos laborales no están claramente definidos ni aplicados de forma uniforme. Esta incertidumbre, causada por la aplicación selectiva e inconsistente de las leyes laborales locales en los países anfitriones, nos deja sin la protección que sí tienen otros servidores de la misma misión nacional.
Este doble rasero ya no puede seguir siendo “justificado”: si servimos al mismo país, bajo la misma bandera, por la misma misión y con salarios pagados por los mismos recursos públicos, entonces merecemos la misma protección, la misma dignidad y los mismos derechos.
Costo Oculto para los Contribuyentes Brasileños
La ausencia de estructuras claras y de una fiscalización eficaz en la gestión de los funcionarios Contratados Locales (CLs) en las misiones diplomáticas de Brasil en el exterior no solo es injusta, sino que también resulta cada vez más costosa.
Un número creciente de demandas judiciales ha sido interpuesto contra dichas misiones, especialmente en jurisdicciones regidas por sistemas de common law, lo que evidencia problemas persistentes en las prácticas de contratación y gestión de personal. Estas acciones suelen tener éxito, lo que revela fallos sistémicos en la forma en que somos tratados bajo la responsabilidad del Gobierno Brasileño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aunque el procedimiento estándar indica que las misiones diplomáticas deben contratar asesores jurídicos mediante procesos de licitación pública, en la práctica, las mismas firmas o profesionales suelen mantenerse durante largos periodos.
Esta continuidad se justifica habitualmente con el argumento de que “los asesores antiguos poseen una valiosa memoria institucional y conocimiento de las complejidades legales específicas de las operaciones diplomáticas”. No obstante, con el tiempo, tales acuerdos pueden favorecer una dinámica en la que la asesoría jurídica se alinea excesivamente con las preferencias internas de la misión y sus dirigentes, en lugar de ofrecer análisis independientes y rigurosos. Esta postura corre el riesgo de debilitar la objetividad y eficacia del dictamen legal, perpetuando conveniencias administrativas en detrimento del cumplimiento normativo y la justicia.
Las consecuencias financieras de estas prácticas son significativas. Cada demanda judicial perdida suele dar lugar a indemnizaciones cuantiosas, costeadas con recursos del erario público. En la práctica, el dinero del contribuyente brasileño se está utilizando para cubrir los costes de litigios que podrían haberse evitado con políticas laborales más transparentes, justas y estructuradas profesionalmente. Adoptar prácticas coherentes y responsables no solo reduciría la exposición legal, sino que también reforzaría la integridad institucional de la red diplomática brasileña.
Sin una reforma urgente, Brasil seguirá pagando un precio alto, no solo en los tribunales, sino también en términos de integridad, confianza pública y credibilidad internacional.
Investigaciones Académicas Relacionadas
La investigación académica en las áreas de derecho laboral y relaciones laborales es fundamental para la defensa de los derechos en los procesos judiciales. Proporciona la base legal y ética necesaria para evaluar no solo la legalidad, sino también la justicia de las prácticas laborales. Los tribunales, especialmente los de derechos humanos, recurren a estas investigaciones para comprender cuestiones sistémicas, interpretar normas en evolución y alinear sus decisiones con las obligaciones internacionales.
En casos complejos como el tratamiento de los trabajadores Contratados Localmente (CLs) por parte del Gobierno Brasileño en el extranjero, los estudios académicos ofrecen un contexto esencial. Revelan desigualdades históricas, aclaran vacíos legales y refuerzan argumentos a favor de sistemas más justos y basados en derechos. Para los jueces, este tipo de evidencia fortalece el razonamiento jurídico y contribuye a decisiones que promueven la justicia y establecen precedentes importantes.
Las investigaciones enumeradas a continuación ofrecen reflexiones profundas para quienes deseen ampliar su comprensión sobre esta creciente e innegable injusticia. A medida que la conciencia pública aumenta día tras día, el conocimiento informado se vuelve esencial, no solo para entender la dimensión del problema, sino también para reconocer la urgencia de su resolución.
En un mundo donde la justicia depende no solo de la ley, sino también de la comprensión, la investigación académica se convierte en el puente entre verdades enterradas y cambios legítimos.
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